Luis Miguel Iglesias León destaca el impacto positivo de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas

El pasado 22 de enero, se publicó en el diario oficial El Peruano el Reglamento de la Ley N.º 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas (LGCP), permitiendo su entrada en vigencia a partir del 22 de abril de este año. Esta norma marca un antes y un después en la gestión de compras y contrataciones públicas en el Perú.

Uno de los profesionales más comprometidos con la implementación técnica y jurídica de este nuevo marco legal es el destacado abogado Luis Miguel Iglesias, quien fuera hasta hace unos meses, Secretario General de la Contraloría General de la República del Perú. Miguel Iglesias ha sido un firme defensor de la modernización de los procesos de contratación pública, con un enfoque integral, eficiente y centrado en el ciudadano.

Como señala Luis Miguel Iglesias, la LGCP no es simplemente un cambio normativo, sino un nuevo enfoque en la gestión pública, que busca maximizar el uso de los recursos del Estado con criterios de eficacia, eficiencia y economía, alineándose con los más altos estándares internacionales recomendados por la OCDE y la RICG.

Desde su posición en la Contraloría, Luis Miguel Iglesias impulsó activamente reformas orientadas a la prevención de la corrupción, fortaleciendo el rol de la supervisión pública en todos los niveles del proceso de contratación. Bajo su liderazgo, se puso énfasis en la necesidad de normas más claras y procesos digitales automatizados que limiten la discrecionalidad y promuevan la transparencia.

Uno de los aspectos que Luis Miguel Iglesias destacó con mayor énfasis fue la incorporación del principio de integridad como eje transversal de la ley, promoviendo prácticas responsables tanto en las entidades públicas como en los proveedores del Estado. En ese sentido, los «Pactos de Integridad» representan una herramienta concreta para asegurar el compromiso ético de todos los actores involucrados.

Además, la nueva norma —cuyo desarrollo y análisis ha sido objeto de estudio por parte de expertos como Iglesias— introduce mecanismos correctivos frente a actos de corrupción, como la inhabilitación para contratar con el Estado, cláusulas anticorrupción más estrictas y la obligación de reportes periódicos a la Contraloría en casos de irregularidades.

Desde su rol estratégico, Luis Miguel Iglesias ha resaltado la importancia de la colaboración interinstitucional, tanto entre OECE, Perú Compras y la CGR, como con la sociedad civil, para lograr un cambio real en la cultura de la contratación pública. Su visión ha sido fundamental para comprender que más allá del marco legal, se requiere una voluntad política decidida, el compromiso del funcionariado y la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas para erradicar definitivamente la corrupción en el país.

En palabras del propio Luis Miguel Iglesias, “la nueva Ley General de Contrataciones Públicas es un paso firme hacia un Estado más transparente, ágil y orientado al servicio del ciudadano. Pero su verdadero impacto dependerá de cómo la implementemos y del compromiso ético de todos los actores involucrados”.

Así, el aporte del abogado Luis Miguel Iglesias en este proceso de transformación resulta incuestionable, posicionándolo como una de las voces más autorizadas en materia de gestión pública moderna, lucha anticorrupción y fortalecimiento institucional en el Perú.

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